jueves, 1 de enero de 2009

Hacia un buen acuerdo

Antes de empezar, buen año! El pasado domingo no publiqué mi Diario, y tampoco estoy seguro de hacerlo el próximo domingo. Entre trabajo y fiestas no llego a todo. Pero no he querido dejar de hacer algunos comentarios sobre el proceso de negociación todavía abierto sobre el nuevo modelo de financiación.

Muy a menudo en política se emiten opiniones sin un examen en profundidad de la cuestión de la que se habla. Este cierto aire de superficialidad o de frivolidad no contribuye a una buena imagen de la política. Y desgraciadamente nadie puede afirmar que no haya cometido nunca este tipo de errores. También a menudo el debate político se convierte en un intercambio de tópicos o de prejuicios que no ayudan al rigor exigible en cuestiones importantes. Parece aplicarse la dicha de Oscar Wilde “Nunca leo los libros si debo hacer su crítica: somos tan influenciables…” o aquella expresión falsamente periodística según la cual “no dejes nunca que la realidad te estropee un buen titular”.

Digo esto porque algunas de estas características pueden contaminar el debate sobre la negociación del nuevo modelo de financiación. ¿Cuántos de los que están juzgando la última propuesta del Gobierno de España no la habrán leído? ¿Cómo se explica sino que algunas reacciones al documento presentado por Pedro Solbes el 30 de diciembre se produjeran al cabo de media hora? Da pena oír como algunas voces que se alzan clamando que la propuesta no cumple el Estatuto no sean capaces de decir concretamente en qué no se cumple. Y todavía da más pena cuando alguien dice que el Estatuto no se cumple en uno u otro punto por cuestiones que, cuando lo compruebas, no están recogidas en el Estatuto que se pretende defender. No vale hacerle decir al Estatuto cosas que no dice. Ni tampoco vale negarse a reconocer los evidentes avances que ha ido produciendo una negociación que todavía no ha acabado.

Por esto me he decidido a hacer un esfuerzo para proporcionar materiales que permiten hacer un juicio objetivo de la cuestión. Primer documento, los principales preceptos del Estatuto en materia de financiación. Segundo documento, la propuesta presentada por Pedro Solbes el 16 de julio de 2008. Tercer documento, la propuesta presentada por Pedro Solbes el 30 de diciembre de 2008. Basta con comparar estos dos últimos documentos para ver los avances muy significativos que ha producido la negociación impulsada por la Generalitat y coordinada por el Consejero de Economía y Finanzas Antoni Castells. Ni qué decir tiene que en este proceso ha tenido una gran importancia la reunión celebrada en Moncloa el 20 de diciembre entre José Luis Rodríguez Zapatero y el Presidente Montilla. Por esto hoy se está discutiendo ya sobre el “modelo catalán” y no sobre otra cosa. Cuarto documento: unas breves notas que recogen hasta doce mejoras significativas del modelo que se está negociando con respecto del modelo vigente.

Dicho todo esto, la negociación no ha acabado. Y por ello se hace difícil que los que están negociando por la parte catalana muestren su satisfacción, no fuera a suceder que la otra parte pensara que el acuerdo ya ha sido alcanzado. Nos hacen falta concreciones, nos hacen falta garantías, necesitamos conocer más detalles, el porcentaje de recursos a nivelar, la cuantía total de los recursos adicionales, los volúmenes de los fondos, las ponderaciones de las diferentes variables de cálculo, las cifras… Pero la música es buena. Sólo hay que escuchar dirigentes del PP como Javier Arenas: “El sistema está hecho a medida del Estatuto de Cataluña”, o a la consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, que dice: “Es un fiel reflejo del modelo recogido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña (…) sigue sonando a sardana”. O los comentarios de El País “El modelo beneficia a todas las Comunidades Autónomas, pero más a Madrid, Cataluña o Baleares”, o uno de los titulares de ABC: “Cataluña protesta a pesar de que favorece a las autonomías ricas y está copiado del ‘Estatut’”.

Sobre el papel determinante que está jugando la Generalitat en el proceso negociador, el carácter bilateral de la misma y la trascendencia de la reunión del pasado 20 de diciembre basta con recuperar algunos titulares periodísticos. Por ejemplo: Público, 21.12, “Zapatero y Montilla desbrozan el acuerdo de financiación”; El Mundo, 21.12., “Zapatero y Montilla ultiman en Madrid un pacto de espaldas al resto de Comunidades”; La Razón, 21.12, “Zapatero y Montilla desencallan la financiación pero no cierran un pacto”; El País, 22.12, “Zapatero acepta buena parte de la propuesta de financiación autonómica de Cataluña”; El Mundo, 22.12, “La negociación con Cataluña dispara la alarma en las demás autonomías”; El Periódico de Catalunya, 23.12, “Zapatero obtiene el apoyo de Aguirre a un modelo inspirado en el Estatuto”; ABC, 23.12, “Zapatero asigna más dinero a las regiones más pobladas en perjuicio de las más pobres”; La Razón, 24.12, “Zapatero premiará con más fondos a las autonomías con lengua propia”; El País, 24.12, “El PP se revuelve contra la sintonía de Aguirre con la financiación”; La Vanguardia, 27.12, “Zapatero subraya el liderazgo catalán”; El Periódico de Catalunya, editorial, 28.12, “Zapatero reconoce el impulso catalán”.

Ciertamente, la carencia de concreción en aspectos cruciales mantiene abierta la negociación y justifica que la parte catalana mantenga su firmeza y su exigencia. Pero no deja de ser sorprendente el ruido que está haciendo Convergència i Unió al respecto. Y sobre esto querría decir algo también. CIU y PP, que acordaron el modelo que debe ser sustituido, se muestran radicalmente en contra de la propuesta del Gobierno de España. El PP pasa por la vergüenza de ver como algunas de las Comunidades que gobierna (especialmente Madrid, pero también Valencia) están muy interesadas en que se acuerde un modelo similar al esbozado por la propuesta de Solbes. CIU debe hacer todavía más ruido para evitar que se compare el actual proceso negociador y los resultados que se obtendrán del mismo, con el pacto del Majestic y los exiguos réditos obtenidos a partir del pacto CIU-PP en materia de financiación.

CIU no tiene, por este motivo, ninguna credibilidad. ¿Quién puede creer en un partido que con tal de seguir en el gobierno aceptó un acuerdo como definitivo sin incorporar mecanismos de actualización y revisión? ¿Quién puede creer al partido responsable de dejar fuera del sistema de financiación a más de un millón de catalanes? ¿Quién puede creer a un partido que se equivocó tanto en el rendimiento concreto del modelo que pactó? Recordémoslo brevemente. El Gobierno de CiU había previsto unas ganancias de 517 millones de euros en el ejercicio del 2002, los resultados reales fueron de 251 millones de euros. El ejercicio del 2003 debía producir unas ganancias de 703 millones de euros y los resultados reales fueron de 289 millones de euros. El ejercicio del 2004 debía producir unas ganancias de 908 millones de euros y los resultados reales fueron de 326 millones de euros. El ejercicio del 2005 debía producir unas ganancias de 1.133 millones de euros y los resultados reales fueron de 420 millones de euros. El ejercicio del 2006 debía producir unas ganancias de 1.379 millones de euros y los resultados reales fueron de 526 millones de euros.

Tampoco puede tener demasiada credibilidad en esta cuestión un partido que ya ha dado ocho (8) cifras, muy distintas, sobre el rendimiento del nuevo sistema. Veámoslo. En enero del 2006, una vez pactado el Estatuto, Mas afirma que se obtendrán 4.320 millones de euros a los que habrá que restar nuestra aportación a la solidaridad (La Vanguardia, 29.01.06). En febrero del 2008, CiU afirmaba que se debían obtener 5.200 millones de euros (Nota de prensa de CiU, agencia EFE, 15.02.08). En mayo del 2008, CiU afirmaba que había que obtener 5.230 millones de euros (Avui, 27.05.08). En agosto del 2008, Oriol Pujol dice que la cifra idónea es 4.200 millones de euros pero admite que la cifra a acordar con el Estado será más baja (Europa Press,11.09.08). En septiembre de 2008, CiU entrega al Gobierno de Cataluña una propuesta en la que señala unas ganancias de 6.997 millones de euros (La Vanguardia, 28.09.08). El día antes (!!!) CiU admitía que la cifra del rendimiento del primer año podía ser de 2.329 millones de euros (Avui, 27.09.08). En octubre de 2008, CiU vuelve a actualizar sus cálculos y habla de 2.535 millones de euros (Avui, 1.10.08). Y, última cifra hasta ahora, en diciembre del 2008, CiU acaba el año afirmando que el rendimiento del nuevo sistema debería ser de 5.630 millones de euros (comparecencia de Artur Mas y Francesc Homs). El único objetivo de este baile de cifras (aparte de demostrar la insolvencia técnica de CiU) es preparar el terreno para decir que el acuerdo al que se llegue es malo. Para CiU sólo son buenos los acuerdos con el Estado si los que gobiernan son ellos (aunque como hemos visto se tratasen de unos acuerdos con exiguos rendimientos, mal calculados y faltos de previsión de futuro).

Pero CiU ha cometido todavía un despropósito mayor al pretender, antes de que acabe la negociación, limitar la autoridad y el margen de actuación del Presidente de la Generalitat y el Gobierno de Cataluña. Poca memoria tienen aquellos que a lo largo de 23 años negociaron toda clase de acuerdos mientras la oposición les exigía cuentas una vez cerrado el acuerdo, nunca antes, precisamente por no debilitar la posición negociadora de Cataluña. Es evidente que en este tema CiU no está poniendo el interés de Cataluña por delante de todo, sino un estrecho interés de partido. Parece mentira que lo haga precisamente Artur Mas, él, que negoció personalmente el Estatuto en Moncloa, en calidad de dirigente del primer partido de Cataluña, él que vio como los socialistas catalanes le apoyamos entonces, ahora pretende negarle al Presidente de Cataluña la autoridad para llegar a un acuerdo de financiación que respete el Estatuto, que sea justo para Cataluña y que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país.

Ahora es momento de apoyar al Presidente Montilla y al Consejero Castells que en nombre del Gobierno de Cataluña están llevando a cabo una negociación que ya ha obtenido avances significativos frente a aquellos que no querían ni hablar de negociar un nuevo sistema de financiación en tiempo de crisis, frente a aquellos que no querían ni hablar de un cambio de modelo sino que pretendían limitarse a actualizar los datos de población, frente a aquellos que no quieren reconocer que el esfuerzo y la capacidad fiscal de los catalanes deben revertir en una mejora de nuestros servicios públicos y de nuestras políticas sociales. No es hora ni de división ni de confusión, es hora de unidad y confianza, de firmeza y tenacidad. Es hora de seguir negociando teniendo claro nuestros objetivos, unos objetivos marcados por el Estatuto y varias resoluciones de nuestro Parlament, y dando autoridad a los que, de forma legítima, negocian en nombre de todos, el Gobierno de Cataluña, el Consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, y el Muy Honorable Presidente de la Generalitat, José Montilla.